Si bien los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes tienen la libre disposición de su obra a título gratuito u oneroso, por lo que pueden autorizar su venta, locación y usufructo, cuando se conviene un contrato de edición entre un autor y un editor, éste no puede cumplir con su obligación de reproducir y promover la obra si no se le hace entrega de los originales objeto del contrato de edición.

El artículo de la Constitución referido al derecho de autor no constituye un tipo penal, sino un principio consagratorio del mismo exclusivamente, por lo que no podría alegarse su violación en el ámbito penal.

Si bien es cierto que lo que protege el derecho de autor es la imagen de las personas físicas, no menos cierto es que conforme a los principios generales del derecho y, en particular, los del derecho de las obligaciones y de la responsabilidad civil, también la imagen de las personas morales o de una colectividad, puede eventualmente, ser objeto de protección.

El derecho a la propia imagen es reconocido a favor de personas físicas, no morales.

En materia de derecho a la propia imagen, la prueba del daño debe ser hecha por la persona ofendida.

El hecho de que una persona participe libre y voluntariamente en una actividad comercial y social no le da derecho al promotor de la misma a divulgar su imagen con fines comerciales, con la evidente intención de beneficiarse de su prestigio, a no ser que se cuente con su consentimiento expreso. 

El hecho de que una persona haya consentido la realización de una entrevista, el registro fílmico de su imagen no implica que haya dado su consentimiento para su utilización comercial.